En un hecho inusual, la justicia local le “recomendó” al Instituto Provincial de la Vivienda que en la próxima entrega de viviendas otorgue una casa a la pareja que presentó una acción de amparo. Si bien no se hizo lugar al recurso, la sugerencia constituye “un gris legal” porque no obliga ni rechaza. Semanas atrás, en Capital Federal, la justicia obligó a Macri a entregar una casa a una familia (formoseña) por la precariedad de vida.
El hecho se constituye en, al menos, curioso ya que ni el «recomendado» puede exhibir el documento judicial para exigir la vivienda, ni el IPV se ve obligado a entregar la casa.
La historia se inicia en el año 2009 cuando una familia «que tiene un familiar discapacitado» solicitó una acción de amparo reclamando una vivienda que construye el estado alegando estar «bajo el paraguas» de la ley 26.182 que contempla que un 5% de los grupos habitacionales construídos sean destinados a familias con al menos un integrante con discapacidad.
PASO A LA CAMARA DE APELACIONES.
Cuando en Tribunales rechazan el amparo, la familia y el abogado apelaron el fallo y «pasó» a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial que resolvió «no hacer lugar al recurso» pero dejando en clara la «recomendación». La Cámara está integrada por Vanessa Booman, Ramón Sala y María Nicora Buryaile.
INSCRIPTA HACE «MÁS DE CUATRO AÑOS»
La familia asegura que «están inscriptas hace más de 4 años» pero no recibió respuestas, «pero llamativamente familias con idénticas características con cinco meses de inscripción ya recibieron una casa» explicaron en el escrito.
QUE HAGO CON LA RECOMENDACIÓN?
En el ambiente «formoseño» se sabe que la recomendación de un funcionario «sirve» para obtener algunos beneficios, empero una «recomendación judicial» no asegura nada.
La justicia no se expidió con firmeza ni a favor ni en contra de la posible adjudicación de la vivienda para la familia con un familiar discapacitado. No «se jugó» a rechazar el pedido, pero tampoco se inclinó exigiendo la entrega «de un techo digno».
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